La administración de la cosa pública evidencia serias fallas. Prueba de ello es que la mitad de las instituciones gubernamentales pierde la mitad de las impugnaciones que se hacen a los procesos de licitación. Buena parte de las impugnaciones pasa por el desconocimiento de la ley por parte de los funcionarios, cuyo nombramiento obedece a criterios políticos o al clientelismo.
De otro lado, no hay que perder de vista que las razones pueden ser otras menos académicas como, por ejemplo, que no pocas veces las mejores ofertas para el Estado son las desechadas. Hemos sido testigos de numerosos casos en los que los servidores públicos a cargo deciden ignorar la oferta más beneficiosa y optan por la más onerosa, con argumentos pueriles.
Lo cierto de todo esto es que las impugnaciones tienen el agravante de que deben ser resueltas, y esto toma tiempo, tiempo que no tienen los perjudicados. Ello sin contar con el hecho de que dinero de nuestros impuestos se pierde miserablemente. Poner a la gente idónea en puestos clave, ese es el gran reto que enfrenta esta administración.