Mientras más se desentierran los hechos, más aterradora es la actuación de nuestro sistema judicial en el caso PECC. Los detalles que da a conocer el ex contralor Alvin Weeden son espeluznantes. Y sus denuncias de entonces tienen hoy una contundencia inequívoca: la confesión hecha por uno de los partícipes del negociado, ante una corte estadounidense, reivindica lo actuado entonces y la burlesca participación de los funcionarios panameños. Aquí y ahora, el Presidente de la República está por designar a dos magistrados para la Corte Suprema.
Exigimos dos juristas de probada integridad y reconocida independencia. Si este país realmente se va a encaminar por la senda del adecentamiento público, ninguna actuación del mandatario es más importante que esos dos nombramientos. Si su promesa de “verdadero cambio” no es otro eslogan publicitario o novedosa demagogia, a la cabeza del Órgano Judicial demandamos que haya gente honesta y comprometida en impartir justicia con valentía, sin favores que saldar, amiguismos, o desconocida trayectoria. Mientras impere la impunidad, estaremos condenados a la pobreza y al tercermundismo. No nos merecemos que se nos siga secuestrando nuestro destino.