La artimaña no es nueva; es tan antigua como la República. Apropiarse de tierras nacionales, por una bagatela, ha sido una práctica llevada –por generaciones– por quienes se han quedado con buena parte del patrimonio nacional al descubrir una extensión baldía, estratégicamente ubicada, ya bien sea cercana al agua o al borde de algún proyecto carretero que gestiona el Gobierno.
La ley de titulación de costas e islas –so pretexto de beneficiar al campesinado luchador y desposeído que sí merece la intervención del Estado– nos revela ahora la verdadera urgencia de aprobarla a último minuto.
Ahora que se vuelve a discutir el tema en la Asamblea Nacional –y para que no queden perjudicados justos por granujas– es impostergable que la nueva legislación incluya normas obligatorias sobre transparencia: toda solicitud de adjudicación de tierras estatales deberá ser de acceso público, con indicación clara de la ubicación y área que se solicita; el precio que se pretende pagar y el nombre de los accionistas –en caso de sociedades anónimas– detrás de la solicitud. Una dosis de transparencia en este tema, rendirá enormes beneficios al país.