Desde que la jurisdicción de menores fue creada en 1995 y los centros de detención pasaron inicialmente a ser responsabilidad de la Corte Suprema, mucha agua ha pasado bajo el puente de un tema que suele tratarse con mirada corto placista, generalmente enfocada a ganar apoyo popular.
El lógico miedo que provoca en los ciudadanos el aumento de la criminalidad y la creciente participación de los jóvenes en actos delictivos –en una sociedad con graves problemas de desigualdad y crisis familiar– han hecho perder el norte a todos los gobernantes, que han visto en el aumento de las penas a los menores el más rápido camino para calmar las aguas.
Se pierde de vista que la justicia no puede aplicarse solo como acción condenatoria de los actos del adolescente, castigándolo a vivir sin posibilidades presentes ni futuras. El tiempo en que esté privado de libertad, debe convertirse en un período de aprovechamiento que le permita, una vez que termine, convivir en sociedad como una persona en condiciones de igualdad. Se llama resocialización y requiere recursos. No hay nada romántico en ello.