Afirmar en un estado de derecho, de corte democrático, que la sociedad civil no manda, es desconocer los elementales principios de la cosa pública. La sociedad civil es el pueblo. Ese que sale todos los días a enfrentar los riesgos que genera el sistema de transporte; ese mismo pueblo que utiliza el sistema público y social de salud con la esperanza de que no lo envenenen ni lo irradien mal. Es, a últimas, el que eligió al Presidente de la República por cinco años, creyendo en su promesa de un cambio.
Pero el cambio no ha llegado ni parece que llegará; nació muerto, ya que Martinelli, al igual que sus antecesores, no ha hecho más que burlarse del pueblo. La última de las bromas ha sido la elección de los magistrados de la Corte Suprema. Ordenar la formación de una comisión de selección y convocar a posibles candidatos para luego desconocerlos y, por último, no anunciar al país la identidad de los nuevos magistrados –esperando quizá que la demora del anuncio amortigüe la decepción nacional por la noticia de sus elegidos– no es un cambio. El único aporte del Presidente es el desperdicio de una oportunidad de hacer patria, de hacer las cosas bien.