La Corte Suprema de Justicia de Perú emitió este fin de semana un fallo histórico al ratificar una condena de 25 años contra el ex presidente Alberto Fujimori. El ex gobernante peruano fue sentenciado en primera instancia en abril del año pasado por la matanza de 25 personas en Barrios Altos, en 1991, y en la universidad de La Cantuta, en 1992, así como por el secuestro de un periodista y un empresario.
Se trata de una condena más contra ex presidentes, que durante sus respectivos mandatos aprovecharon el poder para asesinar –como en este caso– o para apoderarse de dinero público, como el de ex presidente costarricense Rafael Ángel Calderón, condenado en octubre pasado a cinco años de prisión por desviar fondos públicos. En Panamá, un ex presidente enfrenta acusaciones de lavado de dinero y hay varios ex ministros bajo investigación. Todos los panameños exigimos que jueces y fiscales actúen en apego a la ley, y que la época de la impunidad termine de una buena vez. Ahora, el Órgano Judicial se apresta a enfrentar un reto decisivo, ¿lo asumirá con hidalguía o se ocultará a la sombra de excusas y legalismos?