El Tribunal de Cuentas sabiamente ha decidido reabrir el caso de Ports Engineering & Consultants Corp. (PECC), que no es otro que el mismo que también investigó el FBI en Estados Unidos, en el que ya hay dos personas confesas de pagar sobornos a los funcionarios panameños que les otorgaron la concesión. Durante muchos años, los implicados gozaron del generoso favor de un Procurador, así como de magistrados de la Corte Suprema de Justicia que, en contubernio, hicieron todo lo que tuvieron a su alcance para impedir el desarrollo de la investigación. Sin embargo, pese a todo ese esfuerzo, no pudieron esconder semejante escándalo, y la verdad ahora les ha estallado en sus caras. El panorama se ha aclarado, aunque ha sido lejos de nuestras fronteras.
Han quedado en evidencia las graves carencias de nuestro sistema judicial o, para ser más justo, del amiguismo –o complicidad– que impide la estricta aplicación de la ley. Esta vez, todos esperamos que el proceso llegue hasta el fondo, y que la verdad –víctima del atropello judicial– salga del hoyo en donde fue archivada y olvidada.