Con marca de hábito, los gobernantes panameños –salvo muy contadas excepciones– entendían que al recibir sus credenciales, automáticamente venía una licencia para enriquecerse. El caballero pardo que hoy responde a la justicia, pasó años –tanto en la dictadura como recobrada la democracia– dictando una gran lección: gobernar con eficiencia no es sinónimo de hacerlo con integridad.
Y a pesar de que probar la corrupción es tarea casi imposible, ni su astucia logró borrar las huellas que los pagos mal habidos –de manera recurrente– macularon el sistema. El Ministerio Público tiene entre manos el caso de corrupción más importante de la historia judicial del país.
Después de extenderle toda clase de deferencias al ex mandatario, la evidencia acumulada en su contra es monumental. Con su arresto, el fiscal cumple una responsabilidad histórica y al país le ha renacido la esperanza. Al final, será la Corte Suprema de Justicia la que decidirá si ha llegado el momento de cambiar la administración de justicia, llamando a responder de sus actos a los grandes, con la misma entereza que hace con los que roban pan.