Qué incómodo ha resultado para los diputados –actuales y pasados– saber que existe un informe de auditoría que los señala cual dedo acusador. Y ahí, en el hemiciclo, durante dos horas, se rasgaron las vestiduras prometiendo que nada les haría callar. Por primera vez en mucho tiempo, los diputados estaban de acuerdo en algo: en hacernos creer que sus actuaciones en el manejo del dinero del Fondo de Inversión Social han sido tan sacrosantas que no admiten duda alguna, mucho menos, sospecha. Los fogosos discursos y la retórica de barricada no bastan para salir airosos de las graves faltas que resultan de las conclusiones de los informes de auditoría.
Hará falta mucho más que la defensa de la institucionalidad de la Asamblea para explicar todos los hallazgos. Corresponderá ahora a la nueva Contralora General de la República –quien deberá investigar el caso– demostrar su independencia frente al que ayer fuera su jefe y hoy es el jefe del Ejecutivo, y frente a los que la favorecieron con su voto en la Asamblea Nacional para ratificarla en el cargo. Será, quizá, su más dura prueba, y marcará de forma indeleble el rumbo de su gestión en los próximos cinco años. Los ojos de los panameños estarán puestos en este caso... y en ella.