La Asamblea Nacional, a través de una diputada oficialista, pedirá que se reactive una junta consultiva cuya creación se previó en una resolución de 1999, del entonces Ente Regulador de los Servicios Públicos. Dicha junta debe coordinar que las dos principales televisoras del país desarrollen acciones dirigidas a difundir una programación “que logre la promoción, atención y divulgación del bienestar general de la familia, exaltando los derechos sociales y familiares”.
Dado el cuestionamiento surgido en torno a la programación de las televisoras, quizá convenga que la comisión haga cumplir la autorregulación que se impusieron en ese entonces ambos medios. Pero otra cosa es convocar a una inexistente Junta Consultiva de Censura. Es obvio que la diputada no usó la palabra “censura” de forma gratuita. Está claro que se hizo eco de las quejas del Ejecutivo y ha enviado un mensaje que no tiene nada de indirecto. Usar una palabra típica del autoritarismo es peligroso, y a estas alturas, grotesco. Tras menos de un año de gobierno, el lenguaje del oficialismo empieza a preocupar, pues esta es ya una amenaza a la democracia. Y esto no es un cambio, es un retroceso.