El más reciente informe sobre la morosidad en la Caja de Seguro Social refleja un aumento de $7 millones en solo seis meses. El gran total de $47 millones en deuda –que no incluyen otros $31 millones perdidos por el cierre de las empresas deudoras– afecta a la más importante institución del país en materia de seguridad social.
Pero más grave aún, es un síntoma más de la crisis ética que enfrenta la sociedad panameña. Estas empresas morosas –grandes o pequeñas– retienen del salario de sus empleados las sumas que exige la ley para mantener el sistema que brinda salud –a pesar de todas las deficiencias–, pensiones y jubilaciones a la población asegurada del país.
Sin embargo, 14 mil 930 de estas empresas se quedan con ese dinero que no les pertenece, dejando sin protección a quienes hacen posible la existencia de su actividad económica. Se trata de un delito, pero en la mayoría de los casos queda impune. La precariedad laboral o el miedo a perder el empleo, mantienen oculto lo que nunca debió ocurrir. Aquí, como en tantos otros temas, la efectiva presencia estatal, la fiscalización y la sanción son los caminos a seguir.