La desconcentración de actividades que pretende el actual gobierno de lo que ahora es el Ministerio de Gobierno y Justicia, y que terminará con un nuevo Ministerio de Seguridad, es un avance en la lucha contra el crimen, la violencia y, con ello, proporcionar más seguridad a los ciudadanos. La especialización de funciones siempre agrega utilidad a lo que se hace. Pero de allí a sostener que eso será la solución a nuestros problemas de seguridad, es una mentira. Es un avance, de carácter estratégico, pero nada más. Además, ese esfuerzo corre el altísimo riesgo de fracasar con la cada vez más creciente chapucería del gobierno.
¿Quién puede asegurarnos a los ciudadanos que esa iniciativa es pura determinación de la necesidad de combatir el crimen y no una más de las pretensiones faraónicas de Martinelli? Esa duda solo se despejará con verdaderas acciones dirigidas a reducir la pobreza, la desigualdad, así como la discriminación en nuestra sociedad; por eso la política económica, entre ella la tributaria, no puede estar divorciada de la de seguridad. Se requiere una actitud gubernamental coherente, integral, que cierre filas en salvaguardar el bienestar de los más necesitados y mejorar su calidad de vida. La buena actitud ciudadana, la moral y el buen gobierno, serían los primeros pasos para combatir la violencia.
Mientras haya panameños que no tengan oportunidades, que no reciban agua diariamente, que tengan que jugarse la vida en el sistema de salud y transporte, la violencia tendrá razones para seguir creciendo en forma robusta y sin límites. Lo demás es puro engaño y frustración. La falta de cumplimiento de promesas de campaña –como hace el gobierno– es un aliciente para la desesperanza, y esta es fértil semilla de la violencia.