Son muchos los pasos que requiere Panamá para hacer realidad el estado de derecho por el que tanto se luchó durante los años de enfrentamiento con la dictadura militar. Y en ese camino, el fortalecimiento de las instituciones juega un papel de primer orden.
Lamentablemente, quienes llegaron al poder gracias al hartazgo generalizado producido por la falta de cumplimiento de la palabra empeñada de los políticos, están destruyendo la poca institucionalidad lograda por la tenacidad de grupos de la sociedad civil que no se han rendido en su lucha por un Panamá verdaderamente democrático y justo.
El combate a la corrupción y la debida utilización de los recursos del Estado, la independencia judicial, la profesionalización del servicio público, la modernización del sistema electoral, son algunos de los temas que han formado la agenda ciudadana, tan despreciada estos días por el poder. La sociedad civil -a la que no le interesa gobernar sino ser bien gobernada- ha tenido que abrirse camino a brazo partido para dejar oír su voz entre un auditorio de políticos, ubicados en partidos y gremios, a quienes solo les interesa mantener sus privilegios. La lucha es por más y mejor institucionalidad.