Es recurrente que ante la develación de un escándalo o un hecho que causa estupor en la sociedad, las autoridades de turno respondan con un cambio en las leyes, en algunos casos sin importar lo que establece la Constitución. Lo sucedido con la finca “saca presos” de La Pintada, es un ejemplo.
La respuesta de las autoridades ante tal fraude es cambiar las leyes, al punto de que la propuesta convertirá la fianza hipotecaria en ineficaz. Esa misma creencia de las autoridades es lo que puede explicar que, alegremente, se haya mencionado la posibilidad de establecer la pena de muerte. Nadie duda ni demerita el dolor que se padece por la muerte de un ser amado.
Pero si el actual sistema no garantiza que los criminales sean castigados, qué terror se siente cuando se piensa que la aplicación de la pena de muerte quede en manos del mismo sistema. Cambiar las leyes no sirve para transformar la actitud de las personas; hacer esto es una forma de legislar con dolo. Ni la violencia ni la criminalidad se derogan mediante la ley. Hasta que los políticos no entiendan esto, tendremos leyes que son burladas porque sus infractores apuestan por la impunidad.