El Estado panameño –es decir, todos los ciudadanos de este país– ha sido condenado a pagar sumas multimillonarias, gracias a la incompetencia de funcionarios que actuaron con irresponsabilidad y que han generado decenas de demandas contra el país.
Desde hace años, los contribuyentes venimos pagando con creces los errores de servidores públicos incapaces, que actúan como si ellos fueran dueños de la última palabra. Allí están los resultados de la improvisación, de la discrecionalidad, de la torpeza y, en especial, de actuaciones en las que los intereses del Estado son ignorados para dar paso al favoritismo, al amiguismo y al provecho personal.
Los ejemplos sobran, solo hay que ver casos recientes como el de los corredores, cuyos contratos son una vergüenza, y cuya recuperación es una utopía. Estos errores deberían enseñarnos a ser más cuidadosos con los contratos que están por firmarse en el futuro inmediato y cuyos montos son de decenas y centenares de millones de dólares. Panamá no puede darse el lujo de seguir botando el dinero, y menos por la incompetencia grosera de nuestros funcionarios.