El proceso de investigación en torno a uno de los escándalos de corrupción más grandes en la historia panameña –en el cual estuvieron involucrados varios funcionarios de la administración Moscoso, así como de la de Martín Torrijos–, hay quienes pretenden dejarlo dormir el sueño eterno.
Y es que, aunque la Corte Suprema de Justicia ordenó su reapertura en diciembre pasado, las diligencias que se deben seguir en la Asamblea Nacional y en el Ministerio Público no logran materializarse. Ojalá que la reapertura del caso Cemis no quede solo en las “buenas intenciones” de la Corte Suprema. Es hora de que el resto de las instituciones hagan su trabajo y se castigue a los culpables.
La cara lavada con la que muchos de los implicados en este escándalo siguen ejerciendo sus funciones en el gobierno y en la vida pública es un insulto para las personas decentes de este país. Panamá necesita de una vez por todas acabar con este episodio tan bochornoso, para que tanto los políticos, como los funcionarios y los hombres de negocios entiendan que la corrupción se paga. ¡Basta de tanta desfachatez!