El Ejecutivo y el Legislativo actúan una vez más con una insensatez inaudita. El proyecto de ley que pretende encarcelar a todo aquel que proteste en las calles, es un bochornoso atropello a los derechos humanos.
Por más agobio que nos cause el cierre de calles o avenidas por las cotidianas protestas de estudiantes, obreros, jubilados, maestros o ciudadanos que reclaman soluciones a sus problemas comunitarios, estos ciudadanos no hacen otra cosa que ejercer un derecho innato del ser humano.
Otra cosa es la violencia o los estragos que puedan causar, en cuyo caso las autoridades deben castigar a los responsables. Pero servirse de la ley para conculcar una libertad es síntoma de un peligroso autoritarismo que pone en riesgo la democracia. ¡Qué poco aprendieron los que una vez fueron víctimas de la dictadura! Aprobar o justificar una medida de tal gravedad es ignorar la lucha de miles que sacrificaron todo para darnos una democracia.