Los excesos y el desenfreno habrían sido los ingredientes principales para que el Gobierno le sugiera a la Alcaldía de la ciudad capital establecer horas de cierre obligatorias para bares y cantinas. La iniciativa busca ejercer un mayor control ante la creciente ola de violencia y accidentes de vehículos causados por el estado de ebriedad de los conductores. Pero la medida también les dará un poco de paz, al menos, a innumerables vecinos de bares y discotecas que son víctimas del abuso de los clientes y propietarios de los establecimientos comerciales de expendio de bebidas alcohólicas.
No es una solución que acabará con todos los problemas que generan las actividades nocturnas, pero sin duda ayudará a mejorar la precaria seguridad ciudadana. Ciudades de países desarrollados, como Estados Unidos, o de Latinoamérica, como Colombia, han adoptado este tipo de legislaciones con éxito, modelo que ahora utilizará Panamá si el alcalde accede a la sugerencia del Gobierno. Esperamos que los derechos de los miles de habitantes afectados por terceros, prevalezcan sobre los de unos pocos empresarios que han mostrado una indiferencia intolerable a los derechos ajenos.