Hay en Panamá cierta gente que cree estar por encima de la ley. Y, en la práctica, sí lo está. Es doloroso admitirlo, pero es la verdad. El caso del banquero Rafael Arosemena –que lleva a cuestas ocho condenas por peculado– es claro ejemplo de ello. Después de vivir 16 años en un exilio dorado, en México, decidió “entregarse” a las autoridades en Panamá para cumplir su condena de 596 meses. Pero en vez de eso, solo ha estado 76 días en prisión. El resto del tiempo –con excepción de un mes en el hospital– lo pasa tranquilamente en su casa. Ello, a pesar de que hay una orden para que vuelva a la cárcel.
Es decir, la autoridad es el hazmerreír de este individuo que se quedó con $14 millones del Banco Nacional. Si eso no es estar por encima de la ley, entonces, ¿qué otra cosa será? Evidentemente, impartir justicia no es suficiente para personajes como este, que usan la ley para su beneficio. Lo peor de todo es que la autoridad que debe ejecutar las órdenes de jueces y magistrados se comporta como si ella estuviera ajena a todo esto. Luego se preguntan por qué existe la percepción de que la justicia es selectiva. Pues este es el caso en el que la percepción es la simple realidad.