La ministra de Ampyme, Giselle Burrillo (antes de Calcagno), ha hecho lo que pocos han podido lograr: retorcer los procesos de compra del Estado para obtener un beneficio personal, que se traduce en el pago de una deuda por el alquiler de un edificio, que era de su propiedad, al gobierno de Martín Torrijos, del que ella formó parte.
Ninguna autoridad ha podido explicar satisfactoriamente cómo es que en diciembre pasado se hizo una licitación para alquilar el mencionado edificio, cuando lo que realmente se pretendía era pagar –a la ministra Burillo– 200 mil dólares por el alquiler de ese mismo edificio entre los años 2005 y 2007. Es decir, las autoridades hicieron una contratación nueva para pagar una deuda vieja.
Si este es el cambio que prometió el presidente Martinelli, vergüenza debería darle con sus electores por mentir de forma tan descarada. Y para colmo, la ministra tiene demandado al Estado por daños y perjuicios por más de un millón de dólares. Si prospera la demanda, quizás ahora el gobernante deduzca por qué algunos entran pobres al gobierno y luego salen millonarios.