Si la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 9 de la Ley 14 del 13 de abril de 2010 –que impone sanciones de seis meses a dos años por obstaculizar el libre tránsito de vehículos en calles y avenidas del país– es acogida por la Corte Suprema de Justicia, los magistrados tendrán que poner a prueba una vez más su independencia frente al Ejecutivo.
Está claro que la nueva legislación es abusiva y contraviene libertades fundamentales de los ciudadanos. La mayor parte de los diputados –salvo los de la oposición– guardó un vergonzoso silencio, convirtiéndose en cómplices de esta nueva forma de autoritarismo. Tan excesiva es la medida, que hasta el propio Presidente advirtió que no sancionaría la ley si era aprobada como estaba.
Pero luego Martinelli se retractó, dejando sin valor su palabra empeñada. ¿Será la Corte Suprema de Justicia capaz de poner un alto a este ciego poder que los diputados le regalan al Presidente cada vez que renuncian a su propia independencia? Ojalá los magistrados no formen parte de ese obediente rebaño al que el gobernante le ordena frecuentemente lanzarse al despeñadero.