Los resultados que muestran el balance hecho a los 18 meses de gestión del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción dan cuenta de lo que ya la mayoría de los panameños sospechábamos. Y es que para una institución bajo el control directo de la Presidencia, resulta imposible realizar sus funciones de manera objetiva e independiente.
Si bien el Consejo fue creado con el justo propósito de investigar la corrupción de funcionarios, éste no puede ni debe, únicamente, centrarse en aquellas denuncias en contra de administraciones anteriores. Su función primordial es investigar y denunciar al corrupto, para que este sea debidamente castigado, sin perjuicio de a qué gobierno sirvió o a qué partido o ideología política pertenece.
Si el zar anticorrupcion se va a prestar para ser un instrumento que actúa sin independencia del Ejecutivo, esta secretaría pierde su razón de ser y los fondos que maneja deberían ser entregados al Órgano Judicial, que es el ente formal para investigar y castigar.