Las recientes declaraciones del cónsul de Panamá en Miami reflejan, en buena medida, el criterio que se utiliza para hacer los nombramientos en el gobierno. Como es evidente, importantes cargos son ocupados no por profesionales del ramo, sino por amigos, socios o familiares del Presidente o sus allegados. El sentido común, de hecho, no es requisito para obtener un cargo. Basta enseñar la cédula y mostrar el apellido, o sacar el carné de algún partido de la alianza.
Los diplomas, los años en la universidad, la experiencia o la honestidad no cuentan, más bien son un serio estorbo, pues alguien que ha estudiado podría hacer muchas preguntas o darse cuenta de la podredumbre que lo rodea. Quizás esa es la razón por la que muchos panameños honestos se niegan a ocupar cargos en el sector público.
Pese a ello, en Panamá hay profesionales en materia de relaciones internacionales, pero seguramente deben dedicarse a otras cosas pues estos cargos están reservados a una élite, personas ligadas al poder, entre ellas –como ya se dijo– la parentela, los incondicionales y los carnales. Y entre ellos, nuestro cónsul de la fiebre amarilla.