Las contradicciones empiezan a salir en el tema de quién dio la orden para tirar bombas lacrimógenas en las celdas del Centro de Cumplimiento de Menores, que luego dieron origen al incendio que ha cobrado la vida de cuatro jóvenes. Hasta ahora, nada nos hace pensar que el gobierno sienta el menor remordimiento por lo ocurrido. Su presencia en los medios ha sido solo para tratar de justificar una barbarie que no tiene parangón, ni siquiera en los años de la dictadura.
Su actitud, contraria a la de funcionarios comprometidos con la vida de los ciudadanos, es propia de verdugos. Nadie ha expresado una disculpa ni ha mostrado interés en que las investigaciones sean exhaustivas, y el castigo ejemplar. Nadie ha tenido un gesto humanitario con las víctimas o sus familiares. Su silencio, en cambio, grita, como expresión viva de lo poco que les importa lo ocurrido en esa cárcel que, de no ser por la televisión, esconderían las risas y chistes de los custodios, a quienes tampoco les importó que fueran grabados. Por mucho menos, en países civilizados el ministro del ramo y su jefe de policía estarían fuera del gobierno.