Una parte de los costos que tendrá que buscar el Estado para reparar lo que dañaron las inundaciones y deslizamientos de tierra en diciembre del año pasado, ya suma casi 170 millones de dólares. La única forma de afrontar estos daños es mediante créditos extraordinarios, es decir, con deuda. Esta enorme cantidad de dinero solo representa una fracción de los otros daños que causaron las lluvias, pues a ello hay que sumar las pérdidas de la empresa privada y las incomodidades que generó el desabastecimiento de agua o la mala calidad del líquido que salía del grifo. Todas estas desgracias pusieron a prueba al Gobierno.
Y el resultado fue un rotundo fracaso. Sus instituciones iban a la zaga: no hay planes de contingencia; no hay una reacción rápida, pero lo peor de todo es que no hay –y por lo visto no habrá– prevención. Este año posiblemente tengamos que hacer frente a lo mismo. ¿Qué hace para evitar que todo esto vuelva a suceder? ¿Qué leyes expedirá para que la naturaleza no nos extienda una factura por todo lo que el Gobierno planea aprobar, como la explotación de minas a cielo abierto, por ejemplo? ¿Cuánto dinero será destinado para enfrentar crisis semejantes?