Las reformas a la legislación sobre la explotación minera comenzaron en la Asamblea con un fuerte rechazo por parte de grupos que se oponen a esta actividad. Los argumentos del Gobierno a favor se basan en que ésta generará miles de empleos. Sin duda para las zonas afligidas por el desempleo, cuyos habitantes sufren hambre, son argumentos válidos. Pero hasta ahora no existe una sustentación científica que justifique convincentemente la necesidad de abrir las entrañas de nuestro país –con las consecuencias negativas que dejan las minas a cielo abierto– para extraer nuestras riquezas a cambio de centavos.
Pero lo alarmante no es la explotación, sino la renuncia casi expresa del Gobierno de tener una entidad con personal técnico capacitado para vigilar que las medidas de mitigación se cumplan. Con una institucionalidad genuflexa como la que sufrimos, es imposible hacer cumplir la poca legislación ambiental que tenemos. Y con proyectos tan complejos como los que se planean dar en concesión, nuestra ley ambiental es sencillamente ridícula. Y es por allí por donde debió empezar la discusión, pero comenzamos por el final.