La administración del presidente, Ricardo Martinelli, ha hecho de las contrataciones directas una práctica común. De este modo, alegando supuestas urgencias notorias, se dispensa de cumplir la ley en materia de contrataciones públicas. Sin embargo, con ello se afecta la libre competencia entre las empresas que tienen la capacidad de ofrecer obras y servicios a precios razonables. El gobierno parece haber olvidado que el verdadero espíritu de las leyes que regulan las contrataciones públicas es la búsqueda del bienestar común.
Para ello, el respeto a las instituciones que garantizan la transparencia en este tipo de actos es primordial. Después de todo, de nada servirá seguir firmado tratados para evitar la doble tributación, para el intercambio de información o reglamentar cuanta ley sea necesaria para salir de las listas negras, si antes no cuidamos los elementos esenciales de nuestra democracia. Es necesario que el gobierno examine con detenimiento el hecho de que el mejor camino para lograr precios justos solo es posible mediante actos públicos que garanticen total transparencia.