El director de la Policía Nacional actúa como si él y la institución que dirige estuviesen por encima de la ley y el estado de derecho. Las recientes denuncias del supuesto pago de coimas a funcionarios de alto perfil que laboraban para la institución supone, además de lo que dictan las regulaciones internas de la Policía, denuncias formales ante el Ministerio Público.
De ninguna manera un tema de corrupción debe manejarse de forma interna, como si la ley no tuviera alcance sobre los individuos que delinquen desde allí.
Ya tenemos tenebrosas experiencias en las esferas de la seguridad pública de cómo se manejan las cosas cuando no pasan al ámbito judicial. Hemos sido testigos de la impunidad institucionalizada. Los privilegios de los miembros de la fuerza pública ya son lo suficiente escandalosos como para que este funcionario también pretenda manejar la justicia desde su oficina.
Esta actitud delata su poca vocación civil, así como un intolerable desprecio por la ley. Su deber es acudir a las respectivas autoridades y formalizar una denuncia para que los acusados también tengan la oportunidad de defenderse. Esa época del autoritarismo que vivió y apoyó, ya no es parte de nuestro presente o futuro.