El año pasado, el presidente, Ricardo Martinelli, indultó a 50 agentes policiales. Casi el 20% de ellos estaba acusado de homicidio. También en 2010, y a sangre y fuego, se modificó la ley orgánica de la Policía Nacional que les permite gozar de salario mientras son investigados, y les evita ser encarcelados hasta que se produzca una sentencia en firme. Con ello resultan protegidos frente a sus acusadores.
En ese marco se producen las afirmaciones del jefe de la Policía, quien pretendió manejar un supuesto caso de corrupción sin pasar por la justicia a la que tenemos que someternos el resto de los mortales. Si todo esto no son privilegios, ¿de qué otra forma pueden llamarse? Y como ejemplo palpable, ahí está el trato preferencial que están recibiendo los agentes del orden involucrados en el caso de los siete jóvenes que ardieron como piras en el Centro de Cumplimiento de Menores, frente al resto de los civiles señalados como responsables de lo sucedido en aquel lugar. Esperamos que, al menos, la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra la Ley 74 que introdujo fueros para la Policía, prospere en la Corte Suprema de Justicia.