Que la minería a cielo abierto impacta negativamente el ambiente, es una premisa que ya nadie pone en discusión. De allí que, quienes promueven la actividad, hayan procurado mover el debate al plano de lo social, arguyendo que, mientras el gobierno prioriza el progreso, los conservacionistas se aferran a los árboles. Nada más alejado de la verdad.
La propuesta del gobierno fija las regalías en 4% que, traducido a dólares, resulta en cifras que palidecen ante los daños que la actividad causará a la capa vegetal, la calidad del agua y el ecosistema en general.
Además, se trata de un porcentaje por debajo del que se maneja en países en donde –por tratarse de zonas desérticas– no está en juego la biodiversidad ni el costo de oportunidad relacionado con usos alternos de la tierra. Entonces, ¿de qué beneficios estamos hablando? ¿Qué o quiénes están detrás de una iniciativa que facilita la explotación minera para usufructo de terceros? ¿Por qué ceder parte de nuestro patrimonio natural sin siquiera procurar el máximo beneficio económico?