Pese a la oposición casi general de importantes sectores de la sociedad, la Asamblea Nacional aprobó ayer, en tercer debate, las reformas al Código de Recursos Minerales. Una vez más, el Gobierno impuso su agenda política. Frente a la evidente falta de institucionalidad que vive el país, la relación costo beneficio de la explotación minera genera toda clase de interrogantes.
Y es que, sin una entidad que cuente con el personal debidamente calificado para realizar las funciones de vigilancia y control, los daños al ambiente serán casi imposibles de contener, lo que, por decir lo menos, representará pérdidas económicas incalculables, que ni las utilidades generadas del negocio de la minería podrían subsanar.
La experiencia vivida en estos temas no ha sido positiva: en su mayoría, las empresas mineras establecidas en Panamá han hecho desastres con el ecosistema y el Estado no ha sido capaz de hacer cumplir las leyes vigentes. Con tan lucrativa actividad, es irónico que solo unos pocos resulten beneficiados. ¿Qué garantía tenemos ahora de que el Gobierno velará –como lo prometió– por los intereses de todos y no por los de un grupo selecto?