Panamá es un país rico. Esa no es una percepción, sino una realidad, como reales también son los miles de panameños pobres o muy pobres que están en las olvidadas comarcas indígenas y en la provincia de Darién. Hasta allá no llegan los servicios básicos de salud, electricidad, agua, y casi nada de educación. Viven en la marginación porque el progreso les ha dado la espalda. Las autoridades gubernamentales tienen el deber de sumar a estos panameños al desarrollo; no son intrusos, por el contrario, merecen mucho más de lo que reciben.
El desarrollo de un país también se mide por sus desigualdades y Panamá –con todo y sus ingresos económicos– tiene una gran deuda pendiente con esos panameños que luchan por sobrevivir. La solución al problema de la desigualdad es una sola: la educación. Pero esta es, justamente, la peor de la región. Muy poco se ha conseguido para revertir esta realidad. Los docentes se resisten y los padres de familia parecen resignados, o nada pueden hacer. Sin duda seguiremos creciendo pero, debemos reconocerlo, en la dirección equivocada.