Un decreto con imperdonables –y deliberados– errores de fondo y forma, que cualquier tinterillo notaría, fue el que usó el Presidente para tratar de evitar las protestas de los indígenas por la minería. Esta argucia revela la inexistente seriedad con la que el gobernante maneja un tema de trascendencia para la sociedad. Panamá, institucionalmente, no está preparado para vigilar proyectos de la envergadura que se pretenden desarrollar, ya sea subterráneos o a cielo abierto.
Los cambios a la legislación en esta materia son escandalosamente insuficientes y, lejos de buscar desalentar esta actividad, la incentivan. Entonces, ¿cómo puede un simple decreto –mal hecho, además– detener las intenciones de explotar la minería de empresas o gobiernos extranjeros cuando tienen una ley que los ampara? Señor Presidente, el tiempo de espejos por oro pasó hace mucho.