Es verdaderamente un crimen el que el Estado panameño someta a nuestra juventud. Los informes relativos al progreso, sobre los ingresos del país y el dinero que recauda el Gobierno son tan buenos, que al hablar de ello a los funcionarios se les dibuja una enorme sonrisa en sus rostros.
Se trata de insumos invaluables para hacer política. Pero la otra cara de la moneda es el hecho de que el desarrollo proyectado para el país demandará mano de obra calificada, y en Panamá –da vergüenza admitirlo– los jóvenes que gradúa nuestro sistema público educativo son prácticamente ignorantes funcionales.
El Estado está condenando a nuestros jóvenes a sufrir un futuro aciago, pues nunca podrán alcanzar ese sueño, porque los flamantes conocimientos que reciben brillan por su obsolescencia. Representantes de empresas de primer mundo asentadas en Panamá lo han advertido, pero antes que ellos, lo han hecho organizaciones locales, privadas y públicas, medios de comunicación, líderes políticos, incluso líderes docentes y el propio Ministerio de Educación. Entonces, ¿qué estamos esperando para reformar nuestro ancestral sistema educativo?