La Defensoría del Pueblo nació en 1997 con la misión de erigirse en uno de los pilares que sostendría nuestra democracia, mediante la expresa protección de los derechos humanos.
Sin embargo, su voz –expresada a través de ocasionales declaraciones e informes que las autoridades miran con indiferencia– se ha tornado tenue y anodina. La elección de este nuevo defensor, dada en medio de una discusión que nada tuvo que ver con las cualidades de los postulados y todo que ver con la lucha por espacios políticos, no augura mejores días. Tampoco lo hace la falta de independencia puesta al desnudo cuando, en su afán de influir en la Asamblea y controlar otra entidad fiscalizadora del Estado, el Presidente reveló el nombre de su candidata favorita. Así las cosas, la nueva defensora no solo enfrenta el reto de levantar el perfil y la proyección de la institución, sino el de emanciparse de quienes la pusieron donde está. De otro modo, el cargo perderá su razón de ser.