En un giro inesperado, y en medio de un discurso muy sui géneris, en el que aseguró que no tiene interés particular en las minas ni en la minería, el presidente, Ricardo Martinelli, anunció la derogación de la controvertida Ley 8 que reformó el Código de Recursos Minerales, cuyo punto álgido era el artículo que abría la puerta a la inversión extranjera.
Se trata de un logro importante, pero no del final de la batalla por la defensa del medio ambiente, pues hasta que no se diseñe un plan general para regular la actividad, el país continuará bajo el paraguas de la vieja legislación, al amparo de la cual se dieron concesiones que hoy se explotan sin los controles necesarios.
Lo que sí debe ser motivo de gran regocijo es, por un lado, el palpable despertar de la conciencia ambientalista y, por otro, la demostración de que hay una fuerza que se impone sobre las presiones de los grupos de interés, el cabildeo político e, incluso, los intereses económicos: una fuerza llamada voluntad ciudadana.