Son demasiadas las quejas que existen en el sector de bienes raíces, de personas que se sienten estafadas, que deben enfrascarse en largos pleitos, y en ocasiones costosos, para que los promotores cumplan con lo que prometen o solucionen los problemas que están a la vista. El Estado debe intervenir para hacer procesos más acelerados a fin de solucionar los inconvenientes y los incumplimientos de contrato. Pero, además, estos abusos son posibles gracias a la creciente impunidad que existe en las cortes panameñas.
Tal situación ha empezado a traspasar nuestras fronteras y eso no crea más que incertidumbre e inseguridad jurídica que golpea la imagen del país. Tal falta de escrúpulo debe ser castigada ejemplarmente, pues también hay que tener presente que las muchas personas afectadas han hecho grandes esfuerzos y sacrificios para poder cumplir su sueño de la casa propia. Cada día, el desarrollo inmobiliario demanda mayor protección y en eso es que deberían estar nuestros diputados, protegiendo los derechos de sus electores. Hace falta mayor sensibilidad del legislador para estos temas. Sus seguidores y simpatizantes se los agradecerán.