La tragedia ocurrida en enero pasado, cuando se produjo un incendio en el Centro de Cumplimiento de Menores de Tocumen, sigue sufriendo retrasos provocados por la evidente intención de la Policía Nacional de sabotear las investigaciones. Las máximas autoridades de la entidad de seguridad, en vez de tratar de que los hechos se aclaren, buscan la manera de complicar las pesquisas.
Y es que el jefe de la Policía está detrás de la casi impunidad de la que gozan los agentes –conseguida a través de una legislación bastante polémica–, convirtiéndolos en una casta privilegiada ante la ley, típico de gobiernos militares, de los que, por cierto, él ha formado parte. La muerte de cinco jóvenes, así hayan cometido algún delito, no puede quedar impune.
Al menos, esos muchachos estaban cumpliendo su pena, pero qué se dirá de sus verdugos, que ante las cámaras de televisión no manifestaron ningún escrúpulo por los jóvenes quemados, sino, por el contrario, quemados como estaban, los golpearon y humillaron. Si así es como la Policía garantiza la seguridad ciudadana, no hay mucha diferencia con los homicidas que la propia institución persigue.