Los subsidios –esa herramienta mediante la cual el Gobierno interviene en el mercado para evitar un aumento o provocar una reducción artificial en los precios de ciertos bienes y servicios– suelen ser aplaudidos por tirios y troyanos. Los consumidores lo agradecen, porque les protegen del golpe que significa un incremento en costos y tarifas. Los productores y comercializadores los gestionan, porque estos evitan que las alzas en sus costos de producción sean trasladadas al mercado y provoquen contracciones en las ventas.
Bien administrados, con plazos de tiempo y estrategias definidas, los subsidios permiten alcanzar legítimos objetivos económicos y sociales. Pero, muy a menudo, son usados como armas políticas para beneficiar a grupos empresariales, conquistar gremios o ganar votos. En esos casos no hacen más que fomentar ineficiencias, perpetuar inequidades y alentar malos hábitos de consumo; además, como todas las dádivas con que los gobiernos cortejan a sus electores, recargan los hombros de los contribuyentes, razón de más para exigirle al Gobierno que los aplique responsablemente.