El juicio seguido a un ex mandatario del país ofrece varias lecturas. Entre ellas, que todo hombre enfrenta la responsabilidad de rendir cuentas por sus actos. Corresponde a la justicia determinar la criminalidad o no de dichos actos. Habla también de la institucionalidad democrática alcanzada por Panamá, en cuyo marco no puede tener más cabida la impunidad, así como tampoco la venganza política.
De manera consecuente con el derecho que la sociedad tiene de conocer la verdad en la actuación de quienes son llevados a los cargos supremos de la nación con el voto ciudadano, los acusados han de contar con las garantías que aseguren todos sus derechos. Así debe trabajar la justicia.
Otro aspecto es la lectura que la clase política tiene que hacer de todo esto. Quienes crean que pueden usufructuar del poder del Estado en beneficio personal, hallarán un país cada vez más consciente y exigente en materia de transparencia administrativa. Y lo que es más importante: más temprano que tarde tendrán que responder por sus actos. Ahora corresponde a la justicia ganarse la confianza que ha perdido a la vista de la mayoría de los panameños.