La justicia panameña atraviesa por su peor momento, y todo porque la institucionalidad ha sido pisoteada de muy mala manera. La Procuradora general de la Nación sufrió humillaciones que terminaron con una condena en su contra, que la obligó a dejar el cargo. En su reemplazo fue designado un funcionario que bajo su administración el narcotráfico penetró las entrañas del Ministerio Público; el nombramiento del magistrado que renunció este jueves se hizo contra toda advertencia de sensatez al Presidente de la República.
Y mientras una Procuradora de la Nación era condenada por ordenar escuchas telefónicas, un caso parecido contra el procurador de la Administración duerme el sueño eterno. Y para colmo de males, funcionarios e incondicionales del Palacio de las Garzas siguen aumentando las amenazas a medios y periodistas, e incluso a fuentes, para evitar que las verdades que quiere ocultar el gobierno salgan a flote. El control que pretende ejercer esta administración no conoce límites. Y en su afán por conseguirlo, atropella a hombres, instituciones, y cuanto se ponga por delante.