Información revelada da cuenta de que el ministro de la Presidencia, a finales de 2009, estaba preocupado por el obsesivo deseo del Presidente de la República de espiar las conversaciones telefónicas de sus adversarios políticos. No se trataba, pues, de una apreciación caprichosa de la embajadora de Estados Unidos en Panamá, sino de un hecho confesado por un ministro de Estado que, además, estaba preocupado porque, por espiar a la oposición, se descuidó la seguridad nacional.
La obcecación del gobernante sobre este tema era de tal magnitud, que el Consejo de Seguridad tenía entre sus deberes entregarle un informe diario de las actividades de sus opositores. Por ello, lo que hicieron los funcionarios del Consejo de Seguridad –al margen de cumplir órdenes– es una clara violación a la Constitución y las leyes con el único propósito de alimentar la paranoia de su jefe. Lo que revela esta información es tan grave, que debería ser objeto de una investigación por parte del Ministerio Público, tal como se hizo con la Procuradora General de la Nación, pues nadie –ni siquiera un organismo de seguridad del Gobierno– está por encima de la ley.