Las excusas sobran. Ha pasado más de un año desde que la Contraloría General de la República empezó una serie de auditorías a varias entidades gubernamentales, por el supuesto mal uso de fondos públicos. Es imperdonable que un gobierno con recursos económicos millonarios aún no haya logrado obtener resultados tangibles cuando se trata de investigar sus propias instituciones y, peor aun, a sus propios funcionarios o exfuncionarios. Los argumentos de la contralora (de no poder ubicar a las personas investigadas ni la documentación necesaria) son ridículos, ya que la Contraloría tiene facultad para acceder a los expedientes de las instituciones públicas y de las empresas con las cuales estas contratan.
En una administración en la que el fin parece siempre justificar los medios, la trivial respuesta de la funcionaria sugiere más bien la intención oculta de no investigar ni que se llegue al fondo de estos bochornosos hechos. ¿Será este otro caso en el que la falta de transparencia y los intereses particulares de unos cuantos volverán a pisotear la institucionalidad y la justicia? El tiempo y las excusas vacías así lo demuestran.