Nadie espera que un jefe de Estado domine todos los conocimientos como para actuar con sapiencia plena en los diversos ámbitos gubernamentales. Concédasele, entonces, al actual mandatario, el beneficio de la duda si desconoce las normas y los alcances de la decisión de nominar a un nuevo integrante de la Corte Suprema, prerrogativa que, por cierto, le compete. Pero es que el actuar presidencial es reiterativo en distintas materias.
Esto lleva a la conclusión de que el gobernante, o bien no escucha los consejos adecuados o alguien pone en sus oídos ideas que acaban por enmarañar lo que siempre pudo ser claro. Asesorar a quien conduce los asuntos de un país requiere, como mínimo, un conocimiento profundo del sustento de tales asuntos, y sentido común para calcular consecuencias y efectos. Las experiencias recientes del proceder gubernamental hablan, en cuestión de consejería, de desconocimiento revestido de osadía irresponsable, cuando no de temeridad calculada. Y más allá de todo esto, quien finalmente decide y actúa es el que ha de rendir cuentas de ello. Ese es el precio en política, y ante la historia. A los consejeros nadie los recuerda.