La justicia costarricense ha dado unas muestras de independencia de las que no puede presumir nuestro sistema judicial. Por el contrario, nuestra justicia carece de autonomía, sus fallos son cuestionables y la legitimidad de muchos de ellos languidece frente a la forma en que se escoge a los magistrados de la Corte Suprema. ¡Qué lección nos ha dado Costa Rica, cuyo desarrollo no se mide por lo alto de sus edificios o el ancho de las carreteras! Ha demostrado su madurez en la independencia de sus instituciones.
No uno, sino dos expresidentes han sido condenados por corrupción. Tuvieron procesos transparentes, aunque –como siempre– se quejaron de persecución, cosa que repiten todos los políticos para evadir su responsabilidad en las fechorías. No es persecución, es justicia. Frente a esos fallos, la justicia panameña debería agachar la cabeza, porque es vergonzoso que sean nuestros jueces los responsables de tanta impunidad. Allí están los casos que sirven de cojín a los magistrados hasta que estos prescriban, o sus fallos absurdos, sometidos al poder económico o político. Nuestra justicia, hay que decirlo, está secuestrada.