Si el Presidente pensó que sus decisiones no tendrían consecuencias –confiado de que su poder es absoluto–, se equivocó. Lo primero que debió considerar es que los panameños no somos tontos. En consecuencia, pisotear la Constitución, e incluso sus promesas –como lo hizo para nombrar a dos magistrados de su entorno íntimo o un suplente de procurador para deshacerse de una “incomodidad” en el Ministerio Público–, tuvo su costo. Todos están involucrados en escándalos y dos han tenido que dejar el servicio público. Ahora, más funcionarios de su círculo cercano están en problemas que se han querido ocultar con inútiles campañas difamatorias contra periodistas.
El gobernante ha querido voltear la página, como si eso bastara para hacer olvidar que su ministro de Turismo no tiene visa para entrar a Estados Unidos; que sobre su directora de Migración pesan acusaciones de corrupción o que su director de la Autoridad del Aseo recibió dinero de un asesor que le manejó fondos a un convicto de lavado de capitales. Pues, que sepa el Presidente que si se quiere gastar un millón de dólares en campañas difamatorias, aun así seguiremos esperando que nos explique estos escándalos.