La formulación de cargos y la orden de detención contra la exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia María del Pilar Hurtado debería ser suficiente para que el Gobierno reconsidere su postura sobre el asilo político concedido a una persona que está acusada de espionaje telefónico. Esta administración debe comprender que tales asilos nos causan vergüenza, pues estamos propiciando la impunidad, impidiendo que la justicia alcance a quienes resultan sospechosos de crímenes graves, como el de la señora Hurtado.
Pareciera que no basta con la impunidad que tanto prospera en Panamá, sino que, encima, ahora la importamos, permitiéndole a criminales y delincuentes gozar de una vida de tranquilidad mientras sus víctimas sufren la vejación de la burla y el desprecio. El pueblo panameño no es cómplice de tales ultrajes: si la exfuncionaria es acusada de crímenes en Colombia, no somos nosotros los que impedimos que responda ante la justicia. Es esta administración la que ha decidido cubrir a la exfuncionaria con el manto de la impunidad.