El Gobierno ha decidido llevar adelante su proyecto de construir la tercera fase de la cinta costera, aunque eso le cueste al Casco Antiguo de la ciudad su condición de Patrimonio Histórico de la Humanidad. Sus imposiciones no son novedosas, pues es su estilo de gobernar.
Y la lista es larga: impuso la llamada ley 9-1 (que luego debió retirar); impuso las reformas al Código Minero (en las también tuvo que dar marcha atrás); nos impuso a sus magistrados (uno de los cuales tuvo que renunciar); impuso a un Procurador (quien también se vio obligado a renunciar); nos impuso compartir nuestro país con la sospechosa de crímenes contra los derechos humanos en Colombia.
Y como si sus atropellos fueran pocos, ahora pretende imponernos la torre financiera, una obra totalmente innecesaria; quitarle –con el proyecto de cinta costera– su condición de Patrimonio de la Humanidad al Casco Antiguo, y hasta la segunda vuelta electoral, que pone en peligro su propia alianza política. Luego el gobernante dice que lo que hay en el país es plena democracia, ignorando el hecho que también nos ha impuesto su autoritario estilo de gobierno.