El plazo de un año dado por la Unesco a Panamá para evitar que el conjunto monumental Portobelo-San Lorenzo sea incluido en la lista de bienes patrimoniales de la humanidad en peligro, refleja el compromiso que el Gobierno tiene ante sí para salvaguardar intereses trascendentales de la nación. El estado en el que están nuestros monumentos históricos no es más que el resultado de la desidia y la indiferencia endémicas con que se manejan, desde las esferas oficiales, los asuntos pertinentes a nuestra cultura. Los panameños en general también debemos hacer autocrítica de nuestro comportamiento colectivo con relación a estos aspectos.
Ahora corresponde al gobierno del presidente Martinelli cumplir el compromiso contraído en París, en nombre de la república. De la misma manera, esta administración debe recapacitar sobre las posibles afectaciones que el desarrollo forzado de la tercera fase de la cinta costera podría causar al conjunto monumental Casco Antiguo-Panamá Viejo. Y es que estamos ante una prueba palpable de que, en lo que atañe al Patrimonio Histórico de la Humanidad, no podemos actuar de espaldas al mundo. En todo caso, hoy se definirá el futuro de nuestra historia.