Prueba de la demagogia que media entre las promesas electorales y su cumplimiento es la burla consagrada en la expresión “entran pobres y salen millonarios”, pregón con que el candidato del cambio agitó sus reivindicaciones de la honestidad y la decencia en la administración pública, a partir del momento en que asumiera el poder. El país confiaba en que la rapacidad depredadora de quienes llegan al poder para abultar sus cuentas particulares con patrimonio del Estado –bienes, recursos y enseres– sería perseguida y sancionada con “todo el rigor de la ley”, y de forma expedita.
Es claro que el enemigo duerme en el domicilio del Gobierno y que el fuego amigo, en cuanto a corrupción se refiere, no tiene nada que envidiarle a la que de manera tan ácida se criticaba en la víspera de la victoria electoral. Hay que preguntarse de qué dimensión podrá ser el iceberg debajo de la línea de flotación, cuando las conductas anómalas se ven en la cúpula misma de una administración que se dijo impoluta y que, a solo tres años de terminar, ya no puede mostrarse como tal.